En primer lugar, durante la visita de
comprobación para la concesión de la licencia de funcionamiento solicitada en
la actualidad habría que ver si existen o no modificaciones sustanciales de las
obras o de la implantación de la actividad que fue objeto de licencia de
actividad.
1. En
caso de que NO haya habido
modificaciones sustanciales en el local, ni en la implantación de la
actividad:
1.1. Habría
que exigir documentación descriptiva de las modificaciones no sustanciales si
las hubiera, para que queden documentadas y así legalizadas.
1.2. En la
materia de espectáculos públicos, se entiende que el procedimiento se inició
con la solicitud de licencia de actividad y habría que aplicar la normativa
anterior a la LEPAR, no la LEPAR (DT 2ª LEPAR).
1.3. En
otras materias, siempre que se trate de medidas correctoras de implantación de
la actividad para evitar condiciones insalubres, molestas o peligrosas habría
que exigir el cumplimiento de la normativa vigente en el momento de resolver en
plazo la licencia de funcionamiento (Art. 153.1 LSCM) a la vista de la vigencia
indefinida de las licencias de actividad (Art. 158.1 LSCM)
En
concreto, en relación con las condiciones básicas de accesibilidad, en
edificios existentes que sean susceptibles de ajustes razonables, si la resolución
en plazo de la licencia de funcionamiento es posterior a 4 de diciembre de
2017, SI es exigible su cumplimiento
(DA3 RDL 1/2013). Los criterios para determinar la razonabilidad del ajuste del
edificio existente a las condiciones de accesibilidad exigibles son los
siguientes:
a) los
criterios de flexibilidad de aplicación del CTE en edificios existentes (art. 2
parte I CTE)
1) De adecuación efectiva, bajo el criterio y
responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la
memoria, cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea
urbanística, técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible
con la naturaleza de la intervención o con el grado de protección del edificio.
En estos casos se podrá justificar el cumplimiento de la normativa aplicando
aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva
posible.
2) De no empeoramiento,
entendiendo que las medidas adoptadas para una adecuación efectiva no deberán
reducir las condiciones preexistentes relacionadas con las exigencias básicas,
cuando dichas condiciones sean menos exigentes que las establecidas en los
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, salvo que en éstos se
establezca un criterio distinto.
3) De proporcionalidad. La
posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicación o las limitaciones
derivadas de razones técnicas, económicas o urbanísticas se justificarán
en el proyecto o en la memoria, según corresponda, y bajo la responsabilidad
y el criterio respectivo del proyectista o del técnico competente que
suscriba la memoria. En la documentación final de la obra deberá quedar
constancia del nivel de prestación alcanzado y de los condicionantes de uso y
mantenimiento del edificio, si existen, que puedan ser necesarios como
consecuencia del grado final de adecuación efectiva alcanzado y que deban ser
tenidos en cuenta por los propietarios y usuarios.
b) los
criterios de razonabilidad económica, cuando se trate de edificios existentes
en régimen de propiedad horizontal (art. 25 del RDL 7/2015)
Para
aplicar estos criterios es MUY
IMPORTANTE tener en cuenta:
i.
el apartado “III Criterios
generales de aplicación” de la Introducción del DB SUA donde se aclara y se
comenta la casuística relativa a esta problemática que resulta muy compleja.
ii.
Así como el DA DB SUA / 2 para la adecuación efectiva de las condiciones
de accesibilidad en edificios existentes (aquellos cuya solicitud de licencia
de obras fue anterior a 12/09/2010 – DT3ª RD 173/2010, de 19 de febrero- ya que
los edificios con solicitud de licencia posterior a esta fecha debieron cumplir
plenamente las condiciones de accesibilidad ay que estaban vigentes desde
entonces).
La
exigencia de las condiciones de accesibilidad, al no constituir medidas
correctoras de la implantación de la actividad para evitar condiciones
insalubres, molestas o peligrosas, no serían a priori exigibles en el
procedimiento de concesión de la licencia de funcionamiento, sino en un
expediente de Orden de Ejecución; pero tal y como se comenta en el apartado 2
del apartado III Criterios generales de aplicación de la Introducción del DB
SUA que “la competencia para regular los cambios de actividad, los cambios de
titularidad y las legalizaciones es de los ayuntamientos, por lo que
corresponde a estos decidir sobre el alcance de la aplicación del CTE a dichos
procesos”, siguiendo el principio de economía procesal, SU CUMPLIMIENTO SERÁ EXIGIDO EN EL SENO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.
2. En caso
de que SI haya habido modificaciones
sustanciales en el local, o en la implantación de la actividad:
2.1. Habría
de denegarse la solicitud de licencia de funcionamiento solicitada al amparo de
la licencia de actividad concedida anteriormente mediante una resolución denegatoria.
2.2. Incoar
expediente de restauración de la legalidad, para requerir mediante resolución la restitución del orden
jurídico infringido; que se podrá tramitar según el título habilitante que
proceda.
2.3. El
procedimiento de legalización, en su caso, se regirá por la normativa en vigor
en el momento de resolver la licencia de funcionamiento según lo previsto en el
153.1 de la LSCM.
2.4. En el
caso de que la actividad estuviera en funcionamiento, y hubiera una
modificación de la actividad la
resolución además debería ordenar su cese a la vista de que carece de
licencia o resolución de funcionamiento.
2.5. La
habilitación de la nueva actividad o de la modificación de la anterior
requerirá el inicio de un nuevo procedimiento de actividad LEPAR y este se
regirá por la normativa vigente según lo previsto en el art. 153.1 de la LSCM.